La presidenta del gobierno regional de mi pueblo ha estado en numerosas ocasiones a lo largo de su carrera entre los políticos mejor valorados en los sondeos de opinión. Antigua periodista de televisión, es una formidable parlamentaria y tiene, si vale la palabra, carisma, pues, sin más concurso que un grupo de independientes afines y el apoyo político y financiero de un partido que es extraparlamentario en esta región, consiguió amasar una alianza de siglas de izquierda y nacionalistas y hacerse con el gobierno después de una interminable gobernación de la derecha con apoyo de los socialistas, en la que no faltaron las consabidas malas prácticas, para decir lo menos, que, al uso de la época, hundieron la caja de ahorros regional, entre otros desmanes más rutinarios y menos ostentosos. La promesa del nuevo gobierno fue, como es obvio, que las prácticas que dieron lugar a la corrupción no se repetirían. Desgraciadamente, esto es más fácil de decir que de cumplir. No ha pasado ni un año y el gobierno ya se ha hecho acreedor a la denuncia de una adjudicación de obra pública sin concurso a un hermano de la presidenta. El procedimiento negociado sin publicidad para la adjudicación de contratos públicos de bajo presupuesto es legal, lo que no quiere decir que no haya sido la manguera utilizada largamente por los gobiernos para regar las redes clientelares que son su soporte más conspicuo. Los partidos tienen dificultades objetivas para suturar la gangrena de eso que llamamos corrupción. En primer lugar, mientras están en el gobierno, colonizan la administración, no solo en los puestos decisorios sino en los intermedios de gestión por lo que cualquier alegación de neutralidad está bajo sospecha. En segundo término, no pueden no contratar a los suyos, y no solo por una razón elemental de justicia e igualdad de oportunidades, sino porque les sería suicida privarse de sus apoyos naturales. Y, por último, la urgencia de ciertas decisiones administrativas, real o provocada, obliga a procedimientos abreviados que, aunque solo sea inercialmente, invitan a aligerar no solo los trámites formales sino los criterios de la decisión. No siempre es así, pero la oportunidad está siempre abierta. En una información sobre este caso se dice que la presidenta ha defendido la decisión de su gobierno asegurando que es legal, ética y estética. Demasiadas acreditaciones. Legal, por supuesto mientras un procedimiento judicial no diga lo contrario; ética, a gusto del usuario porque la ética es la disciplina más elástica que existe, pero calificarlo de estética es una manifiesta exageración. Hay que tener una sensibilidad muy roma para quedarse extasiado ante una adjudicación por procedimiento negociado sin publicidad como si fuera La meninas. Igual hay que darle un premio, ha exclamado el portavoz de la oposición al oír las razones de la presidenta. El partido hoy en la oposición utilizó en el pasado este mismo procedimiento de adjudicación cuantas veces le cuadró hacerlo y el ahora oponente, que antes estuvo en el gobierno, ha subrayado, no sin modesta ironía: ¿qué hubiera ocurrido si fuéramos nosotros los que hubiéramos hecho eso, qué hubieran dicho entonces la señora presidenta y quienes la apoyan? Pues eso, hoy por ti y mañana por mí, y tiro porque me toca.