Uno de los documentos apócrifos más exitosos de la historia contemporánea es el titulado Los protocolos de los sabios de Sión, elaborado en 1902 por la policía secreta del zar –la Ojrana- por encargo del gobierno de Nicolás II para reforzar el nacionalismo panruso y justificar los rutinarios pogromos que llevaban a cabo contra las comunidades judías las fuerzas más reaccionarias de la autocracia zarista. El resumen del libelo era que todos los males que aquejaban a Rusia, y por extensión al mundo, tenían una sola causa: la conspiración de los judíos. Los rumores populares emanados del tradicional antisemitismo europeo se convirtieron en leyenda impresa por mor de estos escribanos policiales y la leyenda devino verdad incontrovertible durante medio siglo en que gozó de una credibilidad extensa y sostenida, hasta que los nazis pusieron término a la eficacia del panfleto por el procedimiento de liquidar el mal que denunciaba. No creo que el informe Pisa, debido a una innominada unidad policial que investiga, al parecer, la financiación de podemos, aspire a la fama y credibilidad de su precedente ruso, pero no cuesta nada intentarlo, han debido pensar sus inductores. En este asunto, es imaginable nuestro ministro del Interior, con su mezcla de santurronería e integrismo político, en el rol de un taciturno consejero áulico del zar, al que le parece buena idea defender a la patria con estos medios. La buena noticia es que nuestra azacaneada democracia no es todavía una autocracia zarista y el fiscal correspondiente ha rechazado las imputaciones contenidas en el informe, que también ha llegado al tribunal de cuentas, nuestro monumento nacional al nepotismo y la ineficiencia funcional. Entretanto avanza penosamente en su deriva administrativa, el informe se filtra a la prensa amiga y, ahí sí, encuentra la eficacia buscada, siquiera sea momentánea. La feligresía del pepé, semienterrada en el fango de la corrupción, encuentra alivio en aquello de que todos son iguales, ya que no pueden decir, y tú más. En esta especialidad de la corrupción y la financiación ilegal, el pepé es el rey absoluto del mambo. No apostaría nada de valor a que los podemitas no han obtenido alguna ayuda económica del exterior, y si es así debieran aclararlo. Esta forma de financiación es endémica en nuestro sistema político y una de las razones que abonan el pesimismo en este trance es que seguirá siéndolo cualquiera que sea el que ocupe el próximo gobierno. Hace unos años, cuando los partidos eran constitucionalistas hasta las cachas y no había gente con coleta en la política, el dicharachero embajador alemán en Madrid llamó a estos sobres de dinero irregular con destino a los políticos con el pintoresco nombre de convolutos, y debía saber de qué hablaba. Pero el informe policial tiene otro objetivo por elevación: minar la credibilidad del partido emergente y dejarlo fuera de juego, lo que es muy grave porque el partido responde a la voluntad de cinco millones de ciudadanos que apostaron por un programa legal y legítimo. Este tipo de estrategias suele tener dos efectos perversos en el sujeto al que aluden, primero, porque le obliga a ponerse a la defensiva con riesgo de caer en la conspiranoia, que es una forma notable de impotencia, y, segundo, porque puede ahondar la crisis endógena, si la hay. No parece que el informe policial vaya a tener demasiado recorrido, de manera que podemos hará bien en ocuparse menos de los poderes fácticos que de sus propias debilidades.