Los habitantes de mayor edad de esta remota provincia subpirenaica aprendimos lo que era la corrupción política enseñados por un gobierno socialista. El primer gobierno regional de la restaurada democracia, de hecho. A este escribidor, la experiencia le dejó una huella indeleble. Democracia y corrupción parecían, si no sinónimos, sí términos correlativos. Muchos años más tarde, el historiador e hispanista Paul Preston nos ilustraría sobre la evidencia de que la corrupción es endémica en la política española desde la restauración de Cánovas en el último tercio del siglo XIX, cualquiera que sea el régimen en que se encarne (Un pueblo traicionado, 2019). Pero volvamos a la historia del principio.
En los años ochenta, el pesoe montó una red de captación de fondos de las grandes constructoras a cambio de concesiones de obra pública, que sería conocida por la posteridad como el caso Filesa. En esta red, al parecer, participó nuestro presidente del gobierno regional, un curita exclaustrado, y su ministrillo de obras públicas, que, de añadidura, se dejaron agasajar por algunos obsequios a su patrimonio personal en forma de pequeños chalés, etcétera, los detalles se han disipado de la memoria. Fueron juzgados con severidad ellos, y sus esposas como cómplices, y condenados a penas de cárcel. Pero una parte de esos fondos irregulares llegó a una cuenta en Suiza cuyos titulares eran el segundo de a bordo del presidente condenado y su esposa (en esta provincia obstinadamente católica el matrimonio va del bracete hasta el infierno). Fueron investigados y se determinó que ambos se habían prestado como testaferros de aquel dinero negro por lealtad al partido y a la causa democrática y ni un duro había ido a su bolsillo personal. Y fueron exonerados. Entonces no estaba penada la corrupción que no comportase lucro personal. Hasta aquí el prólogo.
En algún momento a mediados de la década pasada, en plena fervorina de esteladas e independentistas en las calles de Cataluña, don Rajoy al timón de la nación debió pensar it’s very difficult todo esto, y encomendó a los jueces la resolución del problema y, para hacerles más pródiga la tarea, modificó el código penal para extender el delito de malversación más allá del lucro personal cuando el destino de lo malversado es un objetivo ilegal, así que unos cuantos altos cargos de la generalitat serían empapelados por destinar a la aventura procesista el dinero del común a su cargo. Don Sánchez, empujado por la necesidad -mantenerse en la poltrona es la primera necesidad del político-, se puso a la tarea de desinflamar la cuestión catalana: indultó a los condenados por el prusés, ha situado en la agenda legislativa la amortización del delito de sedición por el que fueron encarcelados y, ahora, a propuesta de su socio catalán de investidura, se anuncia el adelgazamiento del delito de malversación para ceñirlo al lucro personal.
Esta modificación del código penal significa que sería delito organizar los gal pero no financiarlos, o que es delito que los políticos del pepé se embolsen sobres con metálico pero no que su partido se financie con dinero negro para ganar las elecciones. Es decir, más o menos lo de siempre. La reforma penal de don Rajoy no se hizo para que fuera de aplicación general sino para meter en cintura a los independentistas; la contrarreforma que le proponen los amigos independentistas a don Sánchez tiene el objetivo de aliviarles del dogal. Básicamente, si mañana se reprodujera el prusés, lo que parece muy improbable, los jueces no necesitarían ponerse la toga y podrían seguir a sus asuntos en el consejo del poder judicial, cuyo poder (inconstitucional) de bloqueo el gobierno está dispuesto a zanjar en lo que se refiere a los nombramientos del tribunal constitucional para el que don Sánchez ya ha previsto la colocación de dos magistrados de su absoluta confianza.
Los nacionalistas catalanes y vascos afirman que, en España, derecha o izquierda son iguales a sus efectos. Sí, pero la primera los mete en la cárcel y la segunda los saca. La derecha lo hace con el acuerdo absoluto de sus votantes y la izquierda, con el temor y temblor de los suyos. La cancha hierve. El bloque político-judicial del pepé está al rojo vivo y, oh, sorpresa, los voxianos entran en liza con la presentación de una (otra) moción de censura, en la que don Feijóo ni siquiera podrá estar presente, y a la que se ha sumado doña Arrimadas con su característica y estéril vehemencia. La vida sigue y don Sánchez encantado de haberse conocido y de que le vean junto a frau Von der Leyen arreglando Europa.