El plan de Trump para el virreinato de Venezuela tiene tres fases: estabilización, recuperación y transición, y su cumplimiento puede durar años, según ha informado el jefe de la diplomacia estadounidense don Marco Rubio al senado. La exposición no alude el prólogo del plan, que ya ha tenido lugar: la neutralización militar y consiguiente pérdida de soberanía del nuevo protectorado.
La estabilización consiste en poner en orden la economía del país para dotarla de eficacia orientándola hacia determinados objetivos que satisfagan los intereses del poder dominante a la vez que se evitan protestas políticas y demás zarandajas disruptivas, antaño llamadas revolucionarias. De esta primera fase debería derivarse la segunda, la recuperación, consistente en una mejora de las rentas de la población, más empleo y consumo y la consiguiente creación de una clase media razonablemente satisfecha de las recompensas que recibe por su esfuerzo: el objetivo soñado de todos los regímenes capitalistas. La tercera y última fase es la transición a la democracia, que tendrá lugar cuando toque y sin prisa, lo cual advierte que el plan se llevará a cabo bajo un régimen autoritario y doña María Corina Machado, la Gil-Robles venezolana, puede esperar sentada a que le llegue el turno, si llega. El plan es una historia conocida en otros lares; por ejemplo, en España, y quizá no sea casualidad que quien la ha formulado sea un penitente exhibicionista descendiente de españoles, que pasea con una ostentosa cruz de ceniza en la frente. No obstante, hay diferencias entre España y Venezuela.
La primera, que el golpe militar que obliga a implementar el plan tiene un origen y unas circunstancias distintas. En España fue ejecutado por el ejército propio y en Venezuela lo ha sido por fuerzas imperiales; en el primer caso, los golpistas estaban lejos de tener un plan para el día siguiente de la victoria que no fuera llevar su venganza sobre los vencidos hasta donde fuera posible. En Venezuela no hay duda de que el ataque militar fue consecuencia de una planificación política y económica previa. Esto explica que el plan para España tardara en implementarse veinte años después de la victoria del golpe (1959), seis años después del dictum militar (acuerdo de las bases estadounidenses, 1953) y el de Venezuela se haya puesto en marcha en pocos días, entre el 3 y el 27 de enero de este año.
Ítem más: la prescripción de los presuntos delitos políticos cometidos por los republicanos españoles se declaró treinta años después del final de la guerra (1969) y la amnistía política, que benefició a verdugos y víctimas, aún tardó ocho años más (1977). En Venezuela el expediente se ha resuelto en un santiamén y hoy mismo doña Delcy Rodríguez, la Adolfo Suárez venezolana, ha anunciado una amnistía general. Algo tienen que ver en estas diferencias la riqueza del país y su utilidad económica inmediata. Venezuela tiene petróleo y España en los años cincuenta era un país económicamente despreciable, sin nada que ofrecer excepto su ubicación en el mapa. España sirvió a la expansión del poder militar del imperio; Venezuela ha de servirle ahora para su robustecimiento económico.
Entre estas diferencias se destaca una semejanza significativa. En ambos casos, el plan funciona por la rendición y sumisión inmediatas (y diríase que deseadas) de los regímenes locales, curiosamente caracterizados ambos por ser dictaduras y exhibir una retórica hostil hacia el nuevo dueño de la situación. El imperio es capaz de deglutir países sin alterar sus instituciones, tanto más digeribles si no son democráticas. La instauración de la democracia está en el último escalón del plan y no tiene plazo fijo porque depende de la conjunción astral de factores exteriores y domésticos impredecibles. Si atendemos a las enseñanzas de la historia, en España hubo que esperar a la muerte biológica del dictador y aún en ese momento se oían voces de que los españoles no estaban maduros para la democracia porque aún no se había logrado el nivel de renta per cápita que hace de un ciudadano un estómago agradecido; estas voces provenían de los gestores y beneficiarios de la segunda fase del plan, la recuperación, entonces llamados tecnócratas. Estados Unidos monitoreó la transición española, la última fase del plan, veinticinco años después de su puesta en marcha.