El tercer capítulo del serial que la televisión pública dedica al tránsito de la dictadura a la democracia del que ahora se cumple medio siglo viene titulado como Voladura 76 y cuenta las aventuras e industrias que llevaron a la aprobación por las cortes franquistas de la llamada ley para la reforma política, que significó formalmente el final de la dictadura y el principio de la institucionalización de la democracia. La operación fue una virguería jurídica debida a las artes de un franquista de vieja cepa llamado don Torcuato y dotado de una inteligencia sibilina y letal al que la lengua castellana debe el modismo trampa saducea para definir lo que él mismo hizo en esa memorable ocasión. La virguería fue definida por su artífice como un tránsito indoloro de la ley a la ley a través de la ley.

El buen pueblo siempre vio con un punto de asombro esa voladura controlada del régimen franquista, como si fuera cosa de magia, y se consoló a sí mismo diciéndose que fue la presión popular la que trajo la democracia. La presión estaba en la calle, y aún se recuerda estos días de aniversario, pero no explica la totalidad del proceso. Veamos antecedentes y contexto: Franco nombró como sucesor en la jefatura del estado a un rey que se sacó de la manga; este rey, después de un intento fallido, nombró presidente del gobierno al capitoste franquista más cercano a su persona, por edad y talante, y más ambicioso y dispuesto para la tarea. El nombramiento de don Adolfo Suárez se revelaría más tarde como providencial.

El escenario político presentaba dos características inapelables: una, el franquismo no tenía continuidad posible porque era un artefacto del dictador creado a su propio beneficio, y dos, lo que se construyera a partir de ese momento tenía que ser congruente y homologable con el entorno democrático europeo y, ojo, al gusto de Washington, que había tutelado y dado cobertura a Franco desde los años cincuenta. Aquí entra en acción don Torcuato y su fórmula maravillosa. Es necesario conseguir que las cortes franquistas, aún en ejercicio, aprueben una ley –la última de la ristra de leyes fundamentales que fungían de constitución de la dictadura- derogando todas las demás anteriores. El texto de esta norma derogatoria abría el camino a un proceso constituyente a cargo de un parlamento elegido por sufragio universal mediante un concreto sistema electoral.

Un plan perfecto. Ahora había que convencer a los apoltronados procuradores del pseudoparlamento franquista que lo votaran favorablemente. Los llamados procuradores ocupantes de los escaños de aquella institución no representaban a nadie porque la institución misma era un artefacto de camuflaje del dictador, pero quienes hacían bulto eran seres humanos y si seguían la consigna del gobierno se quedaban sin gajes ni blasones; el voto individual dependía de la armonía que hubiera entre la obediencia a la autoridad competente y sus intereses particulares. El gobierno, pues, tenía que convencer a cada uno para ganarse su voto.

El plan gubernamental dividió a los apoltronados en tres bloques, susceptibles de estrategias persuasorias específicas: 1) los convencidos de la inevitabilidad de la reforma; 2) los que pretendían una continuidad de la dictadura sin dictador, y 3) los irredentos, que no paraban de llorar ante el féretro de Franco sin entender demasiado qué estaba pasando. Este último grupo estaba formado sobre todo por los nombrados a través del aparato sindical del régimen, un sector particularmente cerril al que se renunció a convencer y se sacó del tablero de juego por el procedimiento de embarcarles en un crucero por las islas del Caribe, con el pretexto de que debían asistir a un congreso sindical en Panamá. La mezcla de obediencia servil y corrupción material, tan típica de la política española, operó una vez más, diríase que en esta ocasión para una causa justa. Aliviado el hemiciclo de esta carga, el resultado del juego quedaba al albur de los otros dos bloques, los reformistas.

El pronóstico era favorable pero de ese magma aún salieron los votos negativos que no pudieron impedir la aprobación de la ley. En esta fase se configuró la derecha política española y eso es lo que hace interesante el episodio. Don Manuel Fraga Iribarne, ex ministro de la dictadura de vitola aperturista, era tan ambicioso como don Suárez y aspiraba a ocupar su puesto y en este trance creó un partido –alianza popular– que sería el primer partido constituido antes de que hubiera esa posibilidad legal, con el que aglutinó a un puñado de cabezas franquistas y puso en riesgo la aprobación de la ley de reforma política por una discrepancia sobre el sistema electoral. La norma preveía que fuera proporcional con un premio a los partidos mayoritarios (sistema D’Hondt, todavía vigente) porque don Suárez y la izquierda clandestina, que le apoyaba en este punto, necesitaban extender su fuerza por todo el territorio con gente nueva.

Don Suárez necesitaba un partido de nuevo cuño a su medida y don Felipe González esperaba que la sigla del pesoe fuera un imán natural para atraer a todo el malestar y la disidencia creados por la dictadura, como ocurriría en efecto seis años más tarde. Don Fraga postulaba un sistema mayoritario como el británico (circunscripciones pequeñas en las que sale elegido el candidato con más votos) porque preveía beneficiarse de la inercia de una sociedad moldeada por cuarenta años de dictadura, que ganaría con facilidad a su oponente de izquierda en la mayor parte del país. Esta pretensión no se realizó porque no contaba con el glamur juvenil de don Suárez y su cautivadora telegenia, así que el sistema electoral sería proporcional. Pero eso no evitó que, pasados los avatares de la transición, el improvisado proyecto de Suárez se desvaneciera sin dejar heredero y la derecha sociológica moldeada por la dictadura fuera finalmente absorbida y regimentada por el partido genéticamente franquista fundado por don Fraga, ahora con el nombre de pepé y bajo la férula de don Aznar, un posfranquista en la onda del conservadurismo duro y antisocial de Reagan y Thatcher.

El gen franquista había mutado pero no había desaparecido. En el actual pepé vemos sus rasgos: el mismo sentido patrimonial del poder, la misma estolidez en el ejercicio de la política, la misma irresponsabilidad ante los efectos de sus actos, el mismo desprecio hacia las víctimas, la misma ira ante los adversarios y la misma propensión al golpismo son perceptibles en circunstancias muy distintas a las del siglo pasado pero no por eso menos inquietantes. Y ahora le ha salido un hijuelo robusto que exhibe orgullosamente los síntomas de la enfermedad que alumbró el gen, adobado con las nuevas doctrinas antidemocráticas, integristas y reaccionarias que trae el temporal atlántico.