Aforado y desaforado son términos antónimos que en el español de uso actual aluden a la misma cosa: un presunto delincuente. Los aforados cometen desafueros porque se saben impunes y los desaforados delincuentes se sienten protegidos por el fuero que les ampara. Así que los legalmente aforados y los presuntos desaforados quieren, o eso dicen, romper esta relación simbiótica entre delito e impunidad que adorna a la clase política y, de paso, a policías y jueces y, claro, también a la familia real. Ayer se habló mucho de ello. La supresión de los aforamientos contaría seguramente con el apoyo absoluto y sin equívocos de la población, lo que es una buena razón para que no lleguen a suprimirse, ni ahora ni en plazo previsible alguno. El aforamiento de los políticos no es un privilegio, como se dice, sino una estructura fortificada, una línea que define el perímetro del poder y establece un foso entre el común y las élites y sus agentes. La razón de que su supresión sea querida por la plebe refuerza este argumento porque la plebe está recorrida por corrientes anarcoides y disolutas de las que el estado debe defenderse. No por casualidad los aforamientos están tallados en la constitución. Que un político en ejercicio hable de la conveniencia de acabar con los aforamientos es tan sospechoso como que un banquero hable de la necesidad de la equidad fiscal.
La ceremonia de la confusión empezó ayer con la aprobación de una iniciativa genérica, sin efecto legal alguno, de los ciudadanos de don Rivera a favor de la supresión de los aforamientos. Primera paradoja: votaron a favor, el gobierno y los dos partidos que quieren derribarlo, y en contra, los partidos que auparon a don Sánchez a la poltrona, cada uno por sus razones particulares: este de aquí no quiere que se mantenga el aforamiento del rey, aquel otro quiere que la norma se sancione por referéndum, etcétera. En este contexto, el gobierno anunció una iniciativa para reformar la constitución en esta materia. Normalmente, este gobierno de los cien días suele lanzar la iniciativa y al poco corregirla o enmendarla con alguna rectificación que anula la iniciativa misma. En esta ocasión, sin embargo, ha ganado tiempo y ha arrancado el vehículo con el freno de mano puesto: en la futura hipotética reforma que propone don Sánchez se conservará el aforamiento de los políticos para los delitos cometidos en el ejercicio de su función, es decir, para los delitos de malversación, cohecho y demás repertorio penal que conocemos como corrupción. Vuelta a la casilla de salida. Este gobierno quiere reformas sin libertinaje, como aquel otro quería libertad sin ira.