Zafarrancho en mi pueblo. Se acerca el momento de renegociar el convenio económico con el Estado, es decir, el cupo o aportación económica que la provincia donde pago mis impuestos debe hacer al común de la nación -a la hacienda de Madrid, decimos aquí más gráficamente- y el bisturí se aproxima peligrosamente a las “herramientas fundamentales”, como las ha calificado nuestra presidenta del gobierno regional para llamar a la unidad de los todos los partidos en su defensa. Y pobre de aquel que no acuda al llamamiento. UPyD, antes, y Ciudadanos, ahora, se apartaron explícitamente de esta unanimidad y las urnas les cerraron las puertas de la provincia. El régimen foral es la patria en la que nos reconocemos y que puede cuantificarse, digamos, en un cincuenta a setenta por ciento de disponibilidad de gasto público para servicios e inversiones por encima de la media “del común”. Es decir, por cada euro que recibe un ciudadano español medio en sanidad, educación, redes viarias, etcétera, aquí disponemos de entre 1,5 y 1,7 euros. Es el fruto perenne que dejaron las carlistadas decimonónicas y la más conspicua prueba de la impotencia de los constitucionalistas liberales para alcanzar su objetivo de unidad e igualdad. En esas estamos todavía. Es un clásico que, a la menor agitación política, y la que hay ahora no es menor, se alcen voces en el régimen común pidiendo la abolición de estos privilegios. Ya lo intentó el ministro Gamazo a finales del XIX y provocó una memorable movilización popular que ha quedado inmortalizada en el aparatoso monumento votivo que se alza frente la sede del gobierno regional para que sus ocupantes no olviden nunca a qué se deben. Por otra parte, este régimen fiscal privativo ha comprado durante un siglo la lealtad de la provincia al Estado y, por extensión es un poderoso anticuerpo para el separatismo. El nacionalismo vasco arrastra dos debilidades para alcanzar sus objetivos máximos: la primera es su carácter étnico y la segunda es precisamente el régimen foral que otorga a su población una ventaja socioeconómica indudable pero cuyo titular no es el país o la nación vasca sino las diputaciones provinciales. En el fondo de la agitación independentista que sacude Cataluña discurre la demanda de un régimen fiscal privativo. El patriotismo es la economía, estúpido.