El rasgo característico de la época es la desesperanza. Nadie cree en un futuro mejor. Vivimos en una sociedad encorvada y cojitranca, y el muro de carga que, en la conciencia del común, puede evitar el derrumbe del edificio es la caja de las pensiones. Mientras los vejetes sigan cobrando su pensión el tinglado seguirá en pie, y hay una certeza absoluta de que en cuanto muestre la menor grieta –por ejemplo, el impago de una paga extra- el tinglado se vendrá abajo. Ningún gobierno, y quizás ningún régimen, podría sobrevivir a este terremoto. La relativa estabilidad electoral que muestra el país, incluso después de la fractura del bipartidismo, tiene su soporte en la regularidad de las pensiones. Nadie aspira a que suban, ni siquiera a que no se erosione su poder adquisitivo, como de hecho está ocurriendo, pero nadie quiere imaginar tampoco que puedan sufrir una brusca quita. De ahí, esa especie de estupor paralizante con que recibimos la noticia de que el fondo de reserva de las pensiones mengua cada día. Setenta y tantos mil millones en los últimos cinco años; del orden de los quince mil millones anuales. El déficit lo sufraga el estado que ha debido aumentar este año la emisión de deuda en diez mil millones para tapar provisionalmente el agujero. A cualquiera se le ocurre que esta medida es una huida hacia delante, no para salvar las pensiones sino para salvar al gobierno de las consecuencias de su quiebra. El adelgazamiento del sistema de pensiones, como el de cualquier otro patrimonio público, fue un objetivo de la política de la derecha dirigido en este caso a fomentar los fondos de pensiones privados. Este negocio, como tantos otros que sustentaron el cuento de la lechera neoliberal, no ha funcionado, uno, porque la incertidumbre de los mercados financieros no permite capitalizar las aportaciones privadas en un nivel suficiente para hacerlas atractivas y rentables (la misma hucha de pensiones ha llegado a pagar intereses negativos por sus inversiones en fondos del estado y en consecuencia ha dejado también de obtener réditos), y dos, porque la drástica devaluación salarial ocasionada por la reforma laboral no solo no permite el ahorro privado sino que reduce las cotizaciones a la seguridad social y en consecuencia los ingresos del sistema público. Los millennials con empleo escaso, precario y mal pagado no creen que lleguen a cobrar una pensión algún día, pero ahora mismo la noticia es si no se la quitarán a sus padres y abuelos. De momento, nuestro estólido gobierno no se da por aludido y nuestra parsimoniosa oposición ya ha pedido la comparecencia de la ministra del ramo y es de prever que será la próxima reprobada, lo que quiera que signifique eso, una vez que le hemos tomado gusto a la palabreja.