Cinco países de la Unión Europea -Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos- han acordado la creación de centros de deportación de migrantes en Ruanda. Pero ¿por qué Ruanda, ese ignoto y lejano país africano? Lo explica el texto que sigue, del que es autor Gaspard Musabyimana, escritor ruandés exiliado en Bruselas, publicado el pasado 5 de noviembre en la revista Echosdafrique con el título de esta entrada y el subtítulo Investigación sobre unas rentas bien guardadas. La versión en castellano que se ofrece aquí es de Ramón Arozarena.
De Israel a los Estados Unidos, del Reino Unido a la Unión Europea, el régimen de Paul Kagame se ha impuesto como sub-contratante habitual de las expulsiones de migrantes de países occidentales. Acuerdos negociados en la opacidad, pagados por cabeza, ratificados por un Parlamento a sus órdenes. Rentas financieras, blanqueo de la imagen, ingeniería demográfica: ¿qué esconde verdaderamente esta hospitalidad?
Una vocación que nada debe al azar
A Ruanda le gusta presentarse como una tierra de refugio, en nombre de su propia historia de desplazamientos. El discurso está rodado: en agosto de 2025, la portavoz del gobierno, Yolanda Makolo, justificaba el acuerdo con Washington apelando que casi todas las familias ruandesas habían conocido el exilio. Pero la cronología cuenta otra historia, la de un Estado que ha hecho de la acogida de los indeseables de los otros una actividad diplomática y comercial entera.
Israel, el prototipo (2014-2018). Todo comienza con los solicitantes de asilo eritreos y sudaneses, de los que Israel desea desembarazarse sin poder reenviarlos a su país. El gobierno de Netanyahu les impone una opción: la marcha a un país tercero africano o la detención ilimitada. Según la prensa israelí, citada en un informe de la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa, un acuerdo secreto preveía el pago de 5.000 dólares por persona reinstalada en Ruanda; algo que Kigali ha desmentido siempre. Amnistía Internacional, tras decenas de entrevistas a personas transferidas, constató que ninguna había sido regularizada a su llegada; muchos reemprendieron el camino, hacia Uganda, Sudán del Sur, Libia y el Mediterráneo. En abril de 2018, la Corte suprema de Israel suspendió el programa de expulsiones forzadas.
Libia, la vitrina humanitaria (desde 2019). En septiembre de 2029, Ruanda firma con ACNUR y la Unión Africana el Mecanismo de Tránsito de Urgencia (ETM). Los refugiados sacados de los centros de detención libios son alojados en Ruanda, en Gashora, en el distrito de Bugesera, durante el tiempo en que el ACNUR les encuentra un país de reinstalación. La capacidad, inicialmente de 500 plazas fue elevada a 700. Más de 3.000 personas han pasado por ese lugar desde 2019.
Kabul, agosto de 2021. Tras la caída de Kabul, la Escuela de Liderazgo de Afganistán (SOLA, por sus siglas en inglés), único internado para chicas en Afganistán, se repliega en Ruanda con 250 alumnas, docentes y familiares, vía Qatar. La operación se inscribe, también ella, en la lógica del servicio prestado a las potencias occidentales, concretamente los EEUU, en plena debacle.
Reino Unido, el fiasco (2022-2026). Migration and Economic Development Partnership, anuncia en abril de 2022 que se permitía expedir a Ruanda a migrantes llegados por el Canal de la Mancha. En noviembre de 2023 la Corte Suprema lo juzga ilegal por el motivo de que Ruanda no es un país seguro pero el acuerdo es resucitado en diciembre bajo la forma de tratado, y luego enterrado por Keir Starmer en julio de 2024. Balance: 715 millones de libras gastadas, según Home Office, de las que en torno a 240 millones habían sido entregados directamente a Kigali. Ruanda no renunció y en noviembre de 2025 denunció el asunto a la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya para reclamar 100 millones de libras suplementarias por un acuerdo que no logró hacer llegar a nadie.
Dinamarca, el explorador. Desde 2021, Copenhague firma con Kigali un protocolo de entendimiento y vota una ley que autoriza la transferencia de solicitantes de asilo hacia países terceros. Los ministros daneses van a Ruanda sin informar de ello a su propia prensa. En enero de 2023, Dinamarca suspende sus negociaciones bilaterales, no por escrúpulo sino para llevar el proyecto a escala europea. Forma parte hoy del grupo de los cinco.
Los Estados Unidos de Trump (desde 2025). En agosto de 2015, Kigali acepta recibir hasta 250 personas expulsadas de los EEUU, ciudadanos de terceros países en su mayoría. Los 7 primeros llegaron a mediados de agosto de 2025. Las condiciones financieras nunca han sido publicadas. El acuerdo concluyó en el mismo momento en que Washington apadrinaba un proceso de paz entre Kigali y Kinshasa.
La Unión Europea, la etapa decisiva (2026). La nueva etapa es continental. El reglamento europeo sobre el retorno, votado por el Parlamento europeo en junio de 2026 por 389 votos contra 206, autoriza a los Estados miembros a crear centros de retorno/regreso (return hubs) fuera de la Unión. Cinco países (Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia, Países Bajos) enviaron una delegación a Kigali con el objetivo de concluir acuerdos de aquí a fin de año para primeras transferencias en 2027. Amnistía Internacional habla de futuros agujeros negros para los derechos humanos.
Un Parlamento ante un hecho consumado
Todos estos acuerdos tienen un punto en común: han sido negociados entre gobiernos, en secreto, y presentados a la opinión pública una vez concluidos. El acuerdo israelí nunca fue reconocido por Kigali. Los términos financieros del acuerdo americano permanecen desconocidos. Los costes reales de partenariado británico no fueron conocidos más que gracias a una investigación del National Audit Office, pedida por comisiones parlamentarias británicas que se quejaban de ser mantenidas en la ignorancia.
En el lado ruandés, el control democrático se reduce a una formalidad. El 22 de febrero de 2024, la Cámara de diputados aprobó el tratado con Londres por 58 votos de 62 presentes. El debate, sin embargo, hizo aparecer dudas: un diputado consideró que el Reino Unido no tenía que transferir su pesada carga a Ruanda; otro se preguntó por qué Londres no gastaba ese dinero en acoger a los migrantes en su país. Estas cuestiones permanecieron sin consecuencias en una asamblea en la que el Frente Patriótico Ruandés (FPR) y sus aliados tienen una aplastante mayoría y donde la oposición real no tiene derecho alguno. El Parlamento no negocia nada, no conoce los anexos financieros y ratifica lo que el poder ejecutivo ha firmado ya.
La opacidad es, por otra parte, compartida. Los gobiernos europeos que alaban la fiabilidad de Kigali, son los mismos que han mantenido a sus propios parlamentos apartados de la cuestión. La sub-contratación de la emigración viene bien a las dos partes: desplaza el problema fuera de la vista de los electores del norte y fuera del alcance de los ciudadanos del sur.
Seres humanos facturados a la unidad
Durante las negociaciones con Londres, algunos opositores han hablado de trata de seres humanos. El término designa una realidad: la transformación de personas vulnerables en unidades facturables.
Las cifras hablan por sí mismas. Israel habría entregado 5.000 dólares por cabeza. El contrato británico, tal y como fue detallado por National Audit Office, preveía 370 millones de libras como pagos fijos a título de un fondo de transformación económica, cerca de 20.000 libras por persona relocalizada, un suplemento de 120 millones una vez franqueada la cifra de 300 llegadas, y hasta 150.874 libras por persona por los gastos de tratamiento y alojamiento en cinco años- Tal y como lo había resumido Amnistía Internacional a propósito de Dinamarca, países ricos compran el derecho de sustraerse a sus obligaciones internacionales y un país pobre les vende ese derecho.
Incluso el vocabulario de los acuerdos traiciona su naturaleza: no se habla de asilo sino de partenariado de desarrollo económico. El migrante no es un sujeto con derechos, es el pretexto de un flujo financiero.
Una economía de renta basada en la predación
Para comprender el apresuramiento de Kigali es preciso situar estos acuerdos en la historia económica del régimen. Según numerosos testimonios de antiguos cuadros del régimen, de exiliados y de opositores, la conquista de 1994 se acompañó con una masiva apropiación de bienes abandonados por una población que huía: casas, inmuebles ocupados o alquilados durante años, sin que sus propietarios, muertos o exiliados, recibieran nada; vehículos nuevos incautados en depósitos aduaneros de los Almacenes Generales de Ruanda (MAGERWA); mercancías robadas de comercios y quincallerías; máquinas de fábricas desmontadas y revendidas.
Desde el primer informe del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas sobre la explotación ilegal de los recursos de la República Democrática del Congo en 2001, hasta los informes recientes sobre el Movimiento 23 de Marzo (M23, grupo armado que opera en el este de la República del Congo) y el coltan de Rubaya, los investigadores de la ONU han establecido que redes ligadas al ejército y al Estado ruandés sacan provecho de los minerales congoleños. Maderas valiosas del este congoleño siguen circuitos comparables. Las guerras sucesivas del Congo han fabricado una clase de nuevos ricos cercanos al poder.
Este dinero ha buscado invertir sobre todo en la construcción. Los críticos del régimen señalan desde hace años los inmuebles de Kigali que permanecen parcialmente vacíos. El acuerdo británico ofreció una salida providencial: hacía falta alojar a miles de migrantes. El episodio de Bwiza Riverside es clarificador. Esta urbanización de 163 alojamientos, presentada en marzo de 2023 a la ministra británica Suella Braverman como destinada a los futuros recolocados, había sido vendida en un 70% a particulares ruandeses un año más tarde. En el marco de un partenariado público-privado con el promotor ADHI, en precios que iban de en torno a 14.000 a 27.000 libras. El Hope Hostel, otro inmueble, alojaba anteriormente a supervivientes del genocidio, desplazados para dejar lugar a la clientela británica. En los dos casos, el alojamiento de migrantes aparece menos como un proyecto de acogida que como una operación inmobiliaria ligada a fondos públicos extranjeros.
A la renta financiera se añade una renta diplomática. Cada acuerdo migratorio compra silencio. Mientras Londres negociaba con Kigali, se mostró mucho más discreto que Bruselas.
Washington sobre el apoyo ruandés al M23. El acuerdo con los EEUU interviene en el centro de la mediación americana sobre el este del Congo. La Unión Europea, que negocia hoy sus return hubs, ya había anunciado en 2023 inversiones de 900 millones de euros en Ruanda en el marco del Global Gateway. El régimen vende lo que tiene: un territorio, un aparato de seguridad omnipresente e invasivo y una reputación de orden específico de una dictadura. A cambio, obtiene dinero e indulgencia.
¿Repoblar Ruanda? Examen de una tesis
Algunos observadores van más lejos. Sospecha que Paul Kagame y su entorno quieren hacer de Ruanda un melting-pot en el que a corto plazo ya no se hablaría de mayoría hutu y de minoría tutsi. La importación de migrantes sería uno de los instrumentos de esta ingeniería.
La tesis se apoya en un fondo real. Desde 1994, el régimen ha borrado las categorías étnicas del debate público. La campaña Ndi Umunyarwanda (Soy ruandés) prolonga la supresión de las menciones étnicas en los carnés de identidad y el censo ya no recoge ningún dato étnico. Evocar la pertenencia étnica puede conducir a ser perseguido por divisionismo o ideología genocida. Ahora bien, como ha mostrado el politólogo Filip Reyntjens en 2021, esta amnesia étnica coexiste con una fuerte concentración del poder: de 205 altos responsables del régimen de Kigali cuyo origen ha podido ser establecido, 166 eran tutsis, esto es el 81% para una población tutsi estimada entre el 10 y 15%. El poder, en consecuencia, tiene un evidente interés en hacer invisible la noción misma de mayoría demográfica, que es la principal objeción a su legitimidad.
Conclusión: el cubo de la basura y sus clientes
¿Debe Ruanda convertirse en el cubo de la basura de Occidente? La palabra es brutal, pero expresa justamente algo: los que se envían a Kigali son, a ojos de los países expedidores, excedentes de los que se quieren deshacer. Dice también algo injusto para los migrantes mismos que no son desechos/desperdicios y para los ruandeses que nunca han sido consultados.
La responsabilidad es compartida. El régimen de Kigali vende un servicio, con un agudo sentido de sus intereses financieros y diplomáticos. Pero no hay un vendedor sin un comprador. Israel, el Reino Unido, Dinamarca, los Estados Unidos y la Unión Europea saben perfectamente a quién se dirigen: un poder sin contra-poder, sin prensa libre, sin oposición, que puede prometer los que ninguna democracia podría garantizar. Es lo que precisamente lo hace atractivo.
Antes de que los primeros return hubs abran sus puertas, tres exigencias deberían imponerse tanto en Kigali como en Bruselas: la publicación integral de los acuerdos y sus anexos financieros; un verdadero debate parlamentario en ambos lados, y no una ratificación de fachada; un control independiente sobre el terreno de la suerte de las personas transferidas. Sin ello la solidaridad africana puesta de relieve por Kigali y la gestión responsable de las migraciones alabada por las capitales europeas seguirán siendo lo que son hoy: la vestimenta de un comercio
Gaspard Musabyimana
(Traducción del francés, Ramón Arozarena).