La política se articula mediante intereses y se expresa mediante emociones. Entre estos dos campos semánticos se despliega un entramado compacto y sutil al que llamamos estado, que es más que el fisco y la policía, también es la estructura de clases, el modelo productivo, el universo mediático, el sistema de partidos, los compromisos internacionales y la huella que el pasado ha dejado en la sociedad. El empeño de vincular las emociones a la política real es pueril y a la postre suicida. Nuestra generación vivió uno de los momentos emocionales más intensos del último tercio del pasado siglo –mayo del sesenta y ocho-, que terminó, sin embargo, en un pronto fracaso. Tras unos días de estupor, el general De Gaulle maniobró contra la agitación, amagó con movilizar al ejército, amnistió a los militares de extrema derecha que estaban en la cárcel por haber conspirado para asesinarle a raíz de la independencia de Argelia, satisfizo las demandas salariales de los sindicatos, desactivó las huelgas obreras, ganó las elecciones ad hoc que había convocado y recuperó el puente de mando. Mayo del sesenta y ocho fue el banderín de enganche de cambios en la sociedad, en las costumbres y de alguna manera también en la política, pero no en el sentido ni con la urgencia que postulaban los manifestantes. Por ejemplo, acabó con la carrera De Gaulle, que iba de sobrado y convocó un plebiscito sobre sí mismo, que perdió, si bien aún habría de pasar más de una década para que hubiera un presidente, François Mitterrand, y un gobierno de izquierda que se parecían a un sesentayochista como un huevo a una castaña.
En los últimos años, España ha registrado dos explosiones de adrenalina emocional, que parecía que fueran a revolucionar el país: los indignados del quince-eme y los independentistas del prusés. Ambos han naufragado al chocar contra el muro de la política. Los dos movimientos son consecuencia de la misma causa: la crisis económica y el brutal tratamiento de choque que los poderes económicos infligieron a la sociedad guiando la mano del gobierno conservador de turno. Las heridas causadas en el cuerpo social y en sus instituciones durante este periodo continúan supurantes y la prolongada provisionalidad del incierto gobierno es la prueba más palpable de este hecho. Pero los partidos que se arrogaron el papel de administrar la voluntad de las masas callejeras de indignados e independentistas han fracasado en su intento. Ni la estéril puja de los podemitas por sentarse en el gobierno, aunque lo consigan, ni las confusas apelaciones de los indepes a volver a las andadas, si se dan tales y cuales circunstancias, pueden ocultar la vía muerta en la que se encuentran los anhelos que ocuparon las calles. Quizá sea porque las manifestaciones callejeras funcionan cuando son reactivas, es decir, cuando los manifestantes se echan a la calle para impedir que el poder haga algo que les disgusta o que rechazan, y no cuando son proactivas, es decir, destinadas a exigir que el poder haga algo que los manifestantes quieren. Valdría la pena reflexionar sobre esta ocurrencia. Otro día.