¿Qué hacer con la gente? He aquí una pregunta que no saben responder los gestores de la agenda pública. Ningún partido político sabe qué hacer con las demandas de los jubilados o de las mujeres (después del pasado ocho de marzo no se puede hablar solo de feministas), del mismo modo que no se supo cómo responder a los indignados del llamado quince-eme, y ya puestos, al pueblo independentista catalán. España ha estado en la vanguardia europea de los cuatro movimientos citados (viejos, mujeres, jóvenes e independentistas regionales), que, con mayor o menor intensidad, se han reproducido en otros países. Se puede decir que somos medalla de oro en la olimpíada de la rebelión cívica. A sentido contrario, y por las mismas razones, podría decirse que es este el país en el que la población se siente más abandonada por sus gobernantes y los que opositan a serlo. El estupor y la falsa adulación es la respuesta de nuestros políticos a la brumosa y extensa masa social que llena las calles. Estas movilizaciones remueven el suelo sobre el que se asienta plácidamente la clase política pero sin consecuencias previsibles. Las instituciones funcionan. El estado de derecho, esa muletilla brotada de la inseguridad, funciona. Pero ¿funcionan?
Los estados-nación son armatostes de mecanismos tan admirables como obsoletos, como una locomotora de vapor, un reloj de pesas o una máquina de escribir eléctrica. Vivimos en un tiempo en el que las instituciones vigentes son objetos de museo. En cierto museo de ciencias naturales se expone una pieza ósea de un dinosaurio que el público puede tocar, y niños y adultos se entregan con fruición al ritual de acariciar ese hueso mineral donde ya no queda ni un adarme de vida, quizá con la esperanza de devolvérsela, quizá como un reflejo del deseo de volver a tiempos prístinos, vivos y esperanzados de la evolución en los que el individuo no estaba reducido a la mera condición de visitante de un museo. La gente que se manifiesta en las calles no quiere asaltar el estado ni subvertirlo, como sugiere el famoso juez Llarena, sino devolverle la vida, obligarlo a despertar. Los individuos estamos atrapados en una contradicción insoluble; de una parte, vivimos activados por miríadas de estímulos que chisporrotean a nuestro alrededor y, al mismo tiempo, nos sentimos con toda razón esquilmados en nuestros derechos y en nuestra bolsa. Un gigantesco trampantojo nos envuelve. Estamos empoderados pero somos impotentes. Las elecciones, los referendos, las alternancias de gobierno, los viejos remedios democráticos para el malestar social, se muestran estériles. Al día siguiente del cierre de las urnas y del recuento de votos, la situación sigue igual de incierta y amenazante. Los políticos representan emociones y sentimientos pero carecen de competencias para satisfacerlos en la realidad. De hecho, hay una enconada pugna entre la representación y la realidad. El alcalde de una gran ciudad tiene menos poder sobre su área de competencia que los ignotos manipuladores de uber o de b&b, que han invadido el transporte urbano y el uso del parque inmobiliario; el gobierno de la nación no sabe si es espiado por otro gobierno extranjero o por bots de cuyos hilos nadie sabe quién tira, y una administración regional puede engañarse y engañar a su público diciendo que es una república independiente con peterpan al frente. Ante esta aceleración del tiempo, los países que nunca conocieron la democracia liberal –Rusia, China, etcétera- echan mano de las lecciones de que les da la historia y se apalancan en la quietud de gobiernos con vocación de eternidad. Y los países que, como el nuestro, han entrado trastabillando en el club liberal, ensayan tímidos pasos atrás: menos derechos, menos recursos políticos, menos gasto público, menos ciudadanía, y un presidente de gobierno que parece él mismo una pieza de museo, un fósil de dinosaurio heredado del principio de los tiempos.