La llamada prisión permanente revisable es una cadena perpetua encubierta en la que el convicto queda como rehén del estado. La doctrina que subyace es la ley del talión, la forma más primitiva e insobornable de justicia. Las claves de esta fórmula penitenciaria son, en qué plazo tendría lugar la revisión de la condena y qué criterios se utilizarán para ponerle fin, en su caso. La primera pregunta tiene una respuesta fácil. La revisión no sería antes de veinticinco o treinta años, es decir, el plazo máximo previsible de estancia en prisión para los delitos más graves. La segunda cuestión es más interesante. Habrá que descartar que el criterio de excarcelación sea la mera buena conducta del reo pues tras treinta años en una celda es previsible que esté poco menos que lobotomizado. Por lo tanto, los criterios han de ser exógenos a la situación del preso y concernientes más bien al estado de opinión reinante en la sociedad en el momento en el que se juzgue la posibilidad del fin de la condena. El gobierno, o la comisión penitenciaria que designe para esta función, podría recurrir, uno, a preguntar a las víctimas directas del delito por el que el reo está condenado o a sus descendientes si le perdonan o, al menos, si les resulta soportable que el causante de su dolor vuelva a la calle, y dos, podría también estimar el estado de alteración de la sociedad ante los crímenes que han dado lugar a la condena, lo que, por ejemplo, haría imposible la excarcelación del preso en un momento, como el actual, en el que la sociedad vive inmersa en la conmoción (y la histeria orquestada) de un crimen horrendo.
El vector ideológico que ha guiado esta iniciativa gubernamental, que ya está en el código penal, es la privatización de la justicia. Esta la aplican los jueces, pero al albur del estado de opinión dominante en una versión actualizada de la famosa pregunta del poncio, ¿a quién queréis que libere, a barrabás o a jesús? Han estado dos milenios dándonos la matraca con esta preguntita y ahora resulta que era la correcta.
Para legitimar la prisión permanente el gobierno necesita el empoderamiento que otorgan las víctimas y que los delitos sean especialmente estridentes, absolutamente obvios incluso para quienes no tienen demasiado afinado el sentido de la justicia. El empoderamiento de las víctimas lo consigue utilizando el dolor de estas como ariete de sus argumentos. La fórmula ha sido utilizada con las víctimas del terrorismo y ahora toca con las víctimas de secuestros, infanticidios, violaciones, y un etcétera en el que el gobierno se propone incluir atentados contra infraestructuras e incendios provocados con resultado de muerte. ¿Qué padre o madre que ha perdido a su hijo a manos de un desalmado puede sustraerse a la llamada de mantener al culpable en prisión para los restos y que su condena dure tanto como el propio dolor? De ahí a la pena de muerte hay un paso insignificante porque, sencillamente, no hay condena temporal por dilatada que sea que restaure la vida de nadie.