La llamada gestación subrogada ha irrumpido en la agenda política y todo indica que viene para quedarse, a pesar de la oposición que encuentra hoy en la mayoría del parlamento. El vientre de alquiler no es sino una evolución, al hilo de los tiempos, del ama de cría o de la institutriz privada, roles femeninos que forman parte del paisaje de la sociedad patriarcal desde sus orígenes. En todos estos casos se trata de la prestación de un servicio en el ámbito de la reproducción de las clases sociales bienestantes que no pueden o no quieren asumir la tarea física pero sí pueden pagarla y en consecuencia encargarla a terceros. La institutriz, la nodriza y la madre subrogada, o como se llame, son siempre mujeres de una clase social inferior que por necesidad económica ponen a disposición de quien lo requiere un servicio para el que están naturalmente facultadas, y naturalmente quiere decir que no necesitan formación adicional, lo que significa que salen más baratas que un operario especializado. La gestación subrogada es un atajo a los costosísimos tratamientos de fecundación asistida. El carácter íntimo y personal del contrato fomenta la proximidad entre las partes contratantes y ayuda a fingir que es altruista, palabra que don Rivera y los suyos han enfatizado al anunciar su proposición de ley. Se trata de presentar la última aplicación de la biotecnología y sus expectativas en términos de moral popular para hacerla atractiva, como cuando una empresa de panadería industrial se titula el horno de la abuela. La propuesta de ciudadanos va encaminada a poner en la puerta de casa el servicio de gestación a parejas de clases adineradas que de otro modo tienen que ir a contratarlo a Ucrania o a California, países donde ya es una próspera industria. El presunto altruismo de la propuesta -que, claro está, no es recíproco entre las partes sino exclusivo de la gestante hacia quienes le han hecho el encargo- tiene como primer objetivo rebajar los precios. Por supuesto que la proposición ciudadana contempla la retribución a la gestante de los gastos de gestación, pero, ¿qué gastos, por qué cuantía y quién los fija? El pudoroso espíritu liberal de los proponentes de la ley les impide incluir tarifas en el texto de su proposición y dejan la cuestión al albur del acuerdo entre las partes, entre la oferta y la demanda. Las feministas y la izquierda han recibido de uñas la proposición pero es de temer que tengan la batalla perdida. Los hijos son un deseo pero no un derecho ni una necesidad, que es el campo tradicional de las reivindicaciones de la progresía, pero esta oposición a la gestación subrogada se enfrenta a dos obstáculos difíciles de sortear. Uno, de orden ideológico, que ya ha aparecido en las primeras escaramuzas dialécticas, a saber: la libertad de la gestante que, de acuerdo con el mantra liberal, si lo hace si es porque quiere hacerlo. Dos, la izquierda no podrá nunca garantizar con carácter universal un nivel de vida para todas las mujeres tal que, en determinada circunstancia, no haga económicamente atractiva la oferta de poner su vientre en alquiler. Y entonces, ¿qué haremos, mandar a la cárcel a la gestante, que es la única a la que pueden atrapar con el cuerpo del delito? En este sentido, la arrogante respuesta de los portavoces ciudadanos que han comparado el aborto y la gestación subrogada no parece del todo impertinente.