Hay que celebrar que una jueza inglesa haya rechazado la extradición de Julian Assange a Estados Unidos, como pedía el gobierno de este país, que acusa a este insólito personaje de espionaje. Pero de seguido hay que recordar que la argumentación de la jueza no es la de los defensores de Assange y no tiene que ver con la libertad de expresión sino con el temor de que el extremo tratamiento carcelario, por decirlo suavemente, que presuntamente le espera al acusado pueda llevarle al suicidio. El criterio, pues, ha sido estrictamente humanitario. En cuanto al fondo de la acusación, la jueza ha recordado que en Reino Unido, Assange no estaría protegido por las leyes de libertad de expresión.
El caso de Julian Assange tiene rasgos que rebasan los baremos con los que se mide el trabajo periodístico. Assange publicó de una tacada la mayor cantidad de información clasificada de la historia, concerniente a instituciones y organismo oficiales de Estados Unidos, y lo hizo porque le fue filtrada por un (una) analista militar estadounidense, que sería juzgada y condenada por estos hechos, y posteriormente indultada por el presidente Obama. La filtración fue un bombazo, cuyo contenido casi nadie recuerda a estas alturas, y se presentó al público lector a través de cinco medios occidentales de acreditada solvencia, como suele decirse (The Guardian, The New York Times, Der Spiegel, Le Monde y El País), los cuales depuraron el bruto de la información dejando fuera aquellas partes que comprometían a las fuentes y a datos sensibles de imposible contraste, datos que no obstante fueron subidos a la ya famosa web de Wikileaks.
De este modo, estas cinco publicaciones quedaron a salvo de las requisitorias de la justicia, y dejaron solo a Assange frente a la acusación de haber publicado información que afectaba a la seguridad de Estados Unidos, y de la que por lo demás no se ha sabido que tuviera ninguna consecuencia. La obtención y publicación de información sensible (una redundancia porque si no es sensible no es información) es el trabajo de los periodistas, que sin embargo debe protegerse con dos cautelas: el contraste de la información recibida y la ocultación de las fuentes hasta adquirir la certeza razonable de que lo que se publica es la verdad. El famoso caso Watergate es el paradigma de este comportamiento profesional. Los periodistas conservaron el secreto de su fuente principal sin la que no hubiera habido caso.
Assange no siguió esta pauta. En la era de Internet, donde Wikileaks no es Watergate, la acción de Assange fue una suerte de representación del cuento de David y Goliat, y la persecución posterior de este activista revistió las tonalidades de una venganza del estado más poderoso del mundo contra un simple ciudadano amante de la verdad. Las peripecias consiguientes adquirieron dimensiones de una epopeya planetaria. Estados Unidos maniobró y desplegó presiones sobre tres estados soberanos –Suecia, Ecuador y Reino Unido- para hacerse con el fugitivo, que, por ahora, conserva la protección de la ley británica. Ojalá salga de esta con bien; en México, por ejemplo, cuyo presidente se ha ofrecido para darle asilo. Assange es un corsario que desde Wikileaks, su isla de la Tortuga particular, ha llevado a cabo una incursión contra los canales convencionales de la información, y un corsario es un pirata, no necesariamente simpático, pero también un precursor de nuevas vías del libre comercio. Ninguna pena de cárcel sellará la grieta que ha abierto en las nociones tradicionales de información, transparencia, secreto y libertad de conocimiento y expresión.