En la transición, la remota provincia subpirenaica tuvo un tránsito peculiar a la nueva institucionalidad debido al carácter privativo de su régimen foral. Antes de que se promulgara su estatuto de autonomía, aquí llamado con el pomposo título de amejoramiento del fuero, hubo elecciones regionales y una diputación provisional sustituyó a la franquista. En las elecciones que siguieron a la aprobación del estatuto, el pesoe fue la minoría mayoritaria, por lo que, según la literalidad de la norma recién aprobada, le correspondía el gobierno regional. Esta cautela contenida en el estatuto foral respondía a la martingala que sigue proponiendo el pepé de que sea la fuerza mayoritaria la que gobierne, en la estúpida convicción de que ellos son siempre la fuerza mayoritaria, aunque no tenga mayoría parlamentaria. Pero aquella vez la suerte de las urnas fue para el pesoe. La derecha se opuso con toda clase de recursos y artimañas para evitar que el candidato socialista fuera investido presidente regional.

Fue la primera vez, hace cuarenta años y con la democracia aún en pañales, cuando pudimos experimentar que el golpismo está en el adeene de la derecha. El tiempo pasaba y los miembros de la diputación provisional ya caducada, como ahora el consejo del poder judicial, asistían al espectáculo en sus puestos hasta que, poco a poco, los fueron abandonando, quedito, como sombras o fantasmas, ya fuera por vergüenza torera, necesidades profesionales o simple hastío.

Cuando el tribunal constitucional, donde terminó el asunto, as usual, dio la razón al pesoe, su candidato ocupó una poltrona vacía a pesar del esmero con que los conservadores locales se empeñaron en dar continuidad al régimen provincial desde la dictadura a lo que vino después. En todo caso, el tortuoso modo como el socialista llegó al poder, por más que fuera constitucional e inevitable, vistos los obstáculos que le fueron impuestos, dejó la sutil creencia de que era un gobernante ilegítimo. Luego, su propio comportamiento personal reforzó esta creencia y la derecha pudo recuperar el predio y disfrutarlo durante treinta y pico años.  En el pesoe siempre hay que contar con un tito berni.   

Para el viejo es imposible no relacionar aquel remoto goteo de dimisiones en una situación empantanada con lo que ahora mismo está ocurriendo en el consejo general del poder judicial. A la derecha le gusta la finca de la abuela pero es capaz de pegarle fuego si no puede disfrutarla. Este furioso sentido patrimonial de las instituciones hace que quienes no son de derechas –ahora mismo, la mayoría del país- estén forzados a sentirse, en el mejor de los casos, invitados molestos, y en el peor, repulsivos okupas.

Los miembros dizque progresistas del consejo togado abandonan arrastrando los pies unos cargos que ocupan en desafío a la constitución desde cuatro años atrás, siguiendo las huellas del ex presidente don Lesmes, el principal valedor de esta colosal anomalía, que dimitió hace cinco meses, quizá porque oteó, como los diputados navarros de hace cuarenta años, un futuro más prometedor en otra parte.  ¿Y los togados que no son progresistas? Pues, ahí se quedan, a verlas venir con su murga de manual.

El gobierno ya ha renunciado a rendir la plaza donde se ha encastillado la derecha y dejan la tarea para después de las elecciones generales de finales de este año. Una razón más para no abstenerse el día que toque, aunque sin demasiadas esperanzas. La derecha encontrará el modo de deslegitimar el resultado si no es favorable a sus intereses y de atribuir a la izquierda el golpe de estado permanente al que parece condenado este país. Ya lo anunció don Tamames, ese heraldo del pasado que vino al parlamento para anunciar la España eterna: la guerra civil empezó en 1934.