Crónicas de la peste (una pausa)
Pier Paolo Pasolini dejó escrita una defensa de los policías antidisturbios enfrentados a los contestatarios (así se decía hace cincuenta años) que les arrojaban cócteles molotov y adoquines desde el otro lado de la barricada porque los policías eran hijos de la clase obrera y quienes se les enfrentaban eran vástagos de la burguesía bienestante. La clarividencia del poeta, que no es sospechoso, obviaba el hecho de que los polis no empuñan la porra por ser proletarios sino por ser agentes armados de un estado que puede amparar la injusticia bajo sus leyes; de hecho, las conquistas de la sociedad actual se deben más a los contestatarios pijos de los sesenta que a los polis que querían pararlos, fueran proletarios o no.
La reflexión de Pasolini cuadra a lo ocurrido a Isabel Serra, diputada podemita en el parlamento de Madrid y condenada a diecinueve meses de cárcel, multa e inhabilitación por los delitos de atentado, lesiones leves y daños, cuando participaba en la resistencia a un desahucio en el barrio madrileño de Lavapiés en 2014. El tribunal ha apreciado estos delitos a partir de los testimonios de los y las agentes presuntamente atacados. Los documentos audiovisuales de la vista oral, disponibles en las redes sociales, presentan los puntos de vista de acusadores y acusada. En el primero de estos vídeos, notablemente editado, se oye la voz de una agente policial, que declara haber sido víctima de insultos zafios y brutales dirigidos por la acusada a su condición de mujer. El testimonio de esta testigo tiene el contrapunto de tres imágenes: la fiscal, que habla en tono comedido y profesional; el abogado defensor, que parece atolondrado y empeñado en exculpar a su cliente por el procedimiento, no de negar los hechos sino de imputarlos a otra persona, y la propia acusada, que observa con una mirada astuta y tranquila. Después de visionar este breve vídeo, la conclusión es, culpable. En el vídeo de la defensa, la acusada declara con calma que no participó en los hechos que se le imputan, sin negar que estuviera en la escena. Conclusión, pues, probablemente culpable.
Los desahucios son uno de los perversos efectos de la crisis económica cuya injusticia y crueldad han puesto en evidencia movimientos vecinales y activistas como Serra o la alcaldesa de Barcelona. La acción de la policía en este trance, aún reconociendo su legalidad, es repulsiva y genera lo que ahora se llama un problema de imagen del cuerpo policial. Así que no es imposible, ni siquiera improbable, que la policía haya decidido contrarrestar la acción de los y las activistas mediante una acusación de la que no hay otras pruebas independientes que el testimonio de los agraviados. Que la acusación haya recaído en una destacada política va de suyo. En ese sentido, y no en el procedimiento ni en la resolución, se trata de un juicio político. Nadie debería escandalizarse por este término en un país en el que la judicialización de la política y su reverso, la politización de la justicia, es la murga diaria.
Pero si Isa Serra no es una acusada común, tampoco debería comportarse como una condenada común. Sin duda, representa una determinada bandera, también en el banquillo. Aparte de su derecho al recurso a instancia superior, debería renunciar a su escaño parlamentario para no fomentar las contradicciones de su partido, y, en la forma que considere oportuna, pedir disculpas a los policías agraviados, y sin dejar de reiterar su inocencia, si es cierta, quizá debería aceptar la condena, que no va a empañar ni la causa por la que ha luchado ni va a obstaculizar su carrera política; solo le va a dar un poco de madurez para entender mejor cómo funciona el mundo. Pero estos gestos de gallardía son altamente improbables en nuestra clase política, sea la vieja o la nueva. Al contrario, sus compañeros y adversarios en el foro ya han captado el mensaje y han puesto en funcionamiento el ventilador.