Sería interesante saber de qué materiales y procesos está hecha la conciencia de don Carlos Lesmes, máxima autoridad judicial del país hasta hace unas horas, qué hechos, argumentos, circunstancias, contextos o incentivos le llevan a tomar una decisión u otra. Esta vez ha dimitido de su alto cargo ante el estancamiento contumaz de las obligaciones del órgano que preside, una situación que se remonta a cuatro años atrás y frente a la cual no se ha mostrado nunca especialmente beligerante ni siquiera activo. Pero, ¿de  verdad dimite? Que sí, esta vez sí, de verdad, dimite, pero en serio, hasta lo ha dejado escrito en un comunicado  en el que descarga su responsabilidad en los jueces, así, en general, que esperan, dice el comunicado, que quien les representa no permanezca impasible ante una situación que compromete gravemente el prestigio y funcionamiento de la Justicia entera. ¿Y ahora se da cuenta?

Se admiten apuestas pero este escribidor se arriesgaría a afirmar que la ventana abierta a la resolución de la crisis ha sido impulsada por la visita a España, días atrás, del comisario europeo de justicia, don Reynders, a propósito de este asunto. En el curso de esta encomienda, el preboste bruselense moduló su discurso para contentar a todas las partes. Primero dijo que habría que cambiar el modo de elección del consejo del poder judicial, como defiende el pepé. Después negó que fuera parcial a favor del pepé. Y por último aceptó que primero habría que llevar a cabo la elección de acuerdo con la legislación actual y después reformar el procedimiento de elección, como defiende el gobierno. En resumen, a don Reynders le daba igual cómo se hiciera pero que se hiciera de una vez, coño. La unioneuropea está muy sensibilizada con el estatus de la justicia en los países miembros desde que Polonia y Hungría la han puesto a las órdenes y bajo el control del poder ejecutivo.

Este fue el pretexto de fondo que ha utilizado el pepé ante las instituciones europeas para malmeter contra el gobierno de don Sánchez e implicar a Bruselas en su maniobra de retener el poder judicial como un frente antigubernamental cuando su composición no responde a la actual mayoría parlamentaria. La independencia de la justicia  es el soniquete impuesto por la derecha para su operación anticonstitucional. Es un lema irrefutable si no fuera porque don Lesmes fue un alto cargo  del gobierno de don Aznar en 1996, y desde entonces ha hecho toda su rampante carrera judicial con el apoyo del pepé y de los jueces nombrados por el pepé. Quizá don Lesmes se ha caído de la poltrona, como el otro del caballo, cuando ha descubierto que no es tan independiente como pregona el partido que le ha apoyado y quizá se creía él mismo.

En todo caso, el lío no ha terminado. Don Sánchez y don Feijóo se han reunido para acelerar la elección de los próximos jueces independientes, y está por ver si la sustitución de don Lesmes puede hacerse sin sangre. Ellos no gobiernan el poder judicial y los demás poderes no les gobiernan a ellos. ¿Se puede pedir una prueba más contundente de independencia?